Dando cumplimiento a la sentencia de unificación 122 de 2022 de la Corte Constitucional, que está relacionada con el estado de cosas de inconstitucionalidad respecto a la población carcelaria, este jueves 22 de septiembre se realizó el Comité de Seguimiento Penitenciario y Carcelario, liderado por la Gobernación del Quindío con presencia de autoridades, alcaldes, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Inpec, Procuraduría y directores de centros penitenciarios, con el fin de revisar la problemática de hacinamiento y buscar la garantía de los derechos de esta población.
Paula Andrea Huertas Arcila, Gobernadora encargada afirmó: “Vamos a realizar brigadas de salud odontológica y psicológica. Por parte de Infraestructura se realizará la intervención de los calabozos de la Sijín, se mantendrá la vinculación al sistema de seguridad en salud de los detenidos con medida de aseguramiento preventiva, se revisará con el Gobernador titular la generación de convenios con el Inpec, y por parte de las secretarías de Representación Judicial y del Interior se entregarán unas colchonetas y kits para dormir en la permanencia de Calarcá”.
Explicó que adicional a esto se revisará con la Procuraduría el proyecto del pabellón modular en el centro penitenciario de Calarcá, para retomar una iniciativa que viene desde hace año y medio con el Gobierno Nacional, y se elevará la consulta al Ministerio del Interior para la revisión de una posible inversión de unos recursos del Fonset para mitigar la problemática de hacinamiento que hoy tiene el departamento.
Luis Alberto Balsero Contreras, alcalde de Calarcá, aseguró. “Es importante esa solicitud que hacen la Gobernación y la Procuraduría porque la Uspec se había comprometido en la construcción de un módulo en el centro penitenciario de Calarcá para llevar allí a todas las personas que se encuentran en las estaciones de Policía del departamento. Nosotros, como alcaldes, y la Gobernación mostramos buena voluntad para entregar los recursos; la Uspec dijo que la construiría, pero hasta el momento no tenemos ninguna solución”.
El defensor del Pueblo, Juan Camilo Mesa, afirmó: “El día de hoy los compromisos por parte del Inpec, Uspec, las alcaldías, la Gobernación, Procuraduría y de nosotros son muy importantes para ir aportando a soluciones. Nosotros nos hemos comprometido a hacer las brigadas jurídicas; las venimos haciendo y nos hemos comprometido a revisar que las brigadas de salud por parte de las alcaldías y Gobernación se realicen”,
