Acatando el compromiso consignado en el plan de desarrollo ‘Tú y Yo Somos Quindío’, la administración departamental dialogó con los representantes de la fundación Abrazar, que acudieron al Centro Administrativo Departamental para pedir el acompañamiento del gobierno territorial, ante la perentoria orden –derivada de una acción popular interpuesta por un particular- de entregar el predio en el que han prestado durante años una labor humanitaria con niños, niñas, adolescentes y adultos mayores con alguna discapacidad que requieren de terapia
La orden judicial ratificó en segunda instancia –proferida el pasado miércoles 29 de junio- el fallo emitido originalmente, que exige a la fundación, devolver dentro de los 3 meses siguientes a la primera decisión, el terreno a la Gobernación como titular de dominio. La secretaria departamental de Representación Judicial y Defensa, Paula Andrea Huertas Arcila, explicó los pormenores de la medida que, por Ley, debe ser acatada por el ente territorial.
“Hace más o menos 17 años la administración departamental de ese entonces solicitó autorización a la Asamblea para la cesión a título gratuito de ese inmueble, con el objeto que la fundación cumpliera con sus postulados de atención a la población con discapacidad. No obstante, al final del año pasado, un particular solicito la protección de los derechos colectivos y de medio ambiente e inició una acción popular que vinculó al departamento y al municipio de Calarcá, con el fin de que el juez se pronunciara y determinara qué iba a pasar con el predio”, expuso.
Como se recordará, los bienes del Estado tienen un carácter intransferible, lo que respalda la decisión del tribunal. Ante esto, la Gestora Social, Liliana Jaramillo Cárdenas -junto con las secretarías de Familia, Educación, Administrativa, y Representación Judicial y Defensa-, se reunió con representantes de la fundación y Defensoría del Pueblo en la mañana de este jueves 30 de junio, para explorar alternativas jurídicamente viables para continuar con la atención de la población vulnerable. En la mesa de trabajo, se fijaron compromisos para “garantizar la protección de los derechos de esta población, que tiene por Ley, el carácter de protección constitucional reforzada, al corresponder a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y mujeres en estado de vulnerabilidad, y que por tanto requieren de un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva”, subrayó Huertas Arcila. Un compromiso que el mandatario reiteró en el acto de rendición de cuentas el pasado 29 de junio, al definir como el gran reto del año y medio que le falta en el cargo, la protección a las personas con discapacidad.
Voz de Paula Andrea Huertas, secretaria de Representación Judicial
