Tras 40 mesas de trabajo realizadas en todo el Quindío -12 de estas con los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural-, el equipo formulador de la política pública de Seguridad Alimentaria ultima detalles para finalizar la etapa de diagnóstico que servirá de insumo a este documento frente al establecimiento de acciones y estrategias, que serían adoptadas en el departamento por ordenanza, en el plazo de 12 años.
El encargado de este proceso por parte de la secretaría departamental de Agricultura, Olmedo Dìaz Moncaleano, lideró la exposición de los avances obtenidos: “Estamos recogiendo toda la información, tenemos un comité muy amplio conformado por representantes de varias entidades del departamento como DPS, Sena, ICBF, Universidad del Quindío, universidad La Gran Colombia, la Unad, la corporación Mandala, en un ejercicio de construir entre todos los lineamientos para garantizar el derecho humano a la alimentación”.
Y aunque la elaboración del diagnóstico aún requiere de unos ajustes, es fácil identificar desde ya los puntos en los que el ente territorial deberá trabajar –a lo largo de 12 administraciones departamentales y municipales- para cumplir con el propósito de contar con la suficiencia alimentaria para su población: “Tenemos que empezar a mirar el cambio climático, las aguas residuales, la producción basada en 5 monocultivos (café, plátano, aguacate Hass, cítricos y pastos, que no cumplen con lo que requiere el departamento para su abastecimiento), programas de desnutrición y malnutrición, situaciones que tienen que ver con el transporte de los alimentos y las vías, la acelerada construcción que nos está quitando la tierra laborable, pero sobre todo la educación; necesitamos educar la población para que entienda que esta tierra la trabajamos y la vivimos entre todos y por eso hay unas obligaciones con ella”, concluyó.
