En casi 3.000 millones de pesos se superó la meta de recaudo de impuesto vehicular establecida para la actual vigencia por parte de la Gobernación del Quindío. Este resultado –benéfico para toda la comunidad, puesto que de allí se financian temas de inversión- se dio gracias al compromiso de los propietarios de los automotores registrados en alguno de los institutos de tránsito del territorio.
La secretaria departamental de Hacienda, Aleyda Marín Betancourt, indicó: “La cifra recaudada provino del pago oportuno del 74% de los vehículos, cuyos propietarios cancelaron la obligación dentro de alguno de los tres cortes establecidos desde el año pasado por decreto departamental, y que se ubicaron en los meses de junio, julio y agosto. De este dinero, el 80% de lo ingresado es invertido en programas sociales que la Gobernación ejecuta en las comunidades del departamento, mientras que un 20% se les gira a los municipios en los que transitan los automóviles, motocicletas y motocarros gravados con el impuesto”.
De esta medida, estipulada por la legislación nacional, surge la recomendación de la titular de la cartera territorial: “Existe una manera simple de contribuir con las finanzas del departamento. Cuando las personas con vehículos matriculados en otro departamento presenten su declaración para pagar el impuesto vehicular, pueden poner en la casilla de dirección, el municipio donde rueda el vehículo, para que el 20% le llegue a esa localidad. Incluso, quienes tengan en el Quindío un automotor registrado en otra jurisdicción, pueden hacer el traslado al departamento, y así logran que el 80% de su pago quede en el Quindío y el 20% en el municipio en el que residan”.
Para el resto de los contribuyentes que no pagaron a tiempo, la invitación es a que se pongan al día con el tributo, para que no acumulen más intereses: sea en un solo pago o suscribiendo un acuerdo. “Un día después de haberse vencido la fecha, se les cargó una sanción por 192 mil pesos que se suma a intereses de usura diarios. Para suscribir un acuerdo, deben consignar el 30% de lo generado (capital + sanción + intereses), lo que les permitirá congelar la usura y la sanción extra generada por incurrir en un proceso de emplazamiento”, afirmó.
