Ante la negativa de la Unión Temporal ‘Sinergia 2022’ de firmar la prórroga para operar el Plan de Alimentación Escolar, PAE, por la presunta campaña de desprestigio adelantada en su contra, desde el Gobierno Departamental se adelanta una mesa de trabajo con participación de entes de control, como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar ‘Alimentos para Aprender’.

El trabajo desarrollado apunta a resolver la crítica situación que atraviesa el sector educativo público de los 11 municipios no certificados del Quindío, en el que, por la decisión anunciada el pasado viernes 5 de agosto por parte del operador, desde este lunes 8 de agosto los estudiantes no cuentan con el servicio. Para encontrar una solución efectiva y que evite demoras en el abastecimiento de este complemento nutricional, se ha conformado una comisión especial compuesta por las secretarías Jurídica, de Educación, de Hacienda y Privada, que junto con el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, evalúan opciones legales que eviten, en la medida de lo posible, impactos negativos en esta población.

Se espera que a mediados de semana se establezca el lineamiento que tomaría la Administración Departamental, en concordancia con el interés manifiesto por el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas de proteger a los niños, niñas y adolescentes, garantizando derechos como los de la educación y la alimentación, con la ejecución de esta estrategia de acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema, y que de este modo se conjuren los inconvenientes presentados en el PAE.