Luego de surtir las etapas previas que, por ley, debe cumplir un proyecto de ordenanza para ser presentado ante la Asamblea, la Secretaría Departamental de Agricultura ha proyectado tener a lo largo de la presente vigencia cuatro importantes iniciativas que pasarían a convertirse en política pública en el departamento, en caso de recibir la aprobación. Así lo señaló el titular de la cartera territorial, Julio César Cortés Pulido.
“La primera es la política pública de pago por servicios ambientales, que impactará positivamente al abastecimiento de agua en el departamento, al regular los incentivos económicos en dinero o especie que se le otorgan a los propietarios, poseedores u ocupantes de predios que se destinan para la conservación de ecosistemas estratégicos para la conservación de las fuentes hídricas que alimentan los acueductos. En este momento hemos recibido unas recomendaciones y observaciones por parte de la Secretaría Jurídica del departamento y estamos en proceso de hacer las correcciones para evitar vicios jurídicos que entorpezcan el trámite con la Asamblea”, explicó.
La segunda es la relacionada con el bienestar animal, orientada a generar una calidad de vida para las especies residentes en el departamento; estas se encuentran divididas en tres grandes grupos en el documento: las mascotas, los animales de producción y los silvestres. “Estamos, con la Seccional de Salud de Armenia –como líderes del proceso- socializando el documento, ya construido, ante las diferentes instancias competentes. En un trabajo similar, avanza la tercera, de seguridad alimentaria, y que busca generar las herramientas y competencias necesarias para garantizar el abastecimiento de alimentos entre la población”, añadió.
Por último, se encuentra la de cambio climático: un esfuerzo de la Administración departamental por rescatar un proyecto que fue rechazado en la anterior administración, y que pretende originar los mecanismos para resguardar el territorio del impacto de este fenómeno global. “En el momento actualizamos una información pertinente para la adopción del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial – Pigccs (un documento exigido por el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio)”, explicó. De acuerdo con Cortés Pulido, en orden se presentarían la de pagos por servicios ambientales, luego la de bienestar animal, en tercer lugar la de cambio climático y por último la de seguridad alimentaria, todas durante 2022.
