El giro de recursos para la población víctima del conflicto radicada en el Quindío fue pactado entre la Unidad Nacional de Víctimas, las alcaldías y la Gobernación, con el fin de apoyarla subsidiariamente.

“Desde la Dirección de Derechos Humanos, de la Secretaría del Interior, se hizo la socialización del acuerdo de corresponsabilidad con los 12 municipios. Este consiste en un recurso que dispone el gobierno departamental para apoyar subsidiariamente a las víctimas declarantes en los municipios, para que puedan subsistir una vez llegan a la región”, explicó Juana Camila Gómez Zamorano, directora de Derechos Humanos del departamento.

El acuerdo contempla que el primer mes es asumido por las alcaldías, el segundo por el gobierno seccional y el tercero por la Unidad, lo que ayuda a las administraciones locales, debido a que se disminuye la carga presupuestal al momento de la entrega de estas ayudas. “Ese alivio puede ser redireccionado al apoyo de proyectos productivos, asistencia técnica y capacitación para la población víctima, asegurando una reparación integral e inclusión”, puntualizó.