La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, reconoció que el Quindío es un rincón de paz en Colombia, empero tiene unos desafíos derivados de las actividades ilícitas, por lo que valoró el liderazgo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas en la misión de defender los derechos humanos.

“Gracias, señor gobernador Roberto Jairo, por su compromiso con los derechos humanos. El anhelo de igualdad, de libre participación, de vida digna, de justicia y de no corrupción han sido expresados como prioritarios para los quindianos”, expresó la alta funcionaria nacional, en desarrollo del taller virtual para la construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, el primero que se concibe en la historia de Colombia y pionero en el mundo para enfrentar la pandemia de COVID-19.

Gutiérrez Castañeda agradeció el acompañamiento y compromiso del mandatario quindiano, y recordó que la participación de los ejecutivos seccionales es fundamental por el liderazgo que pueden ejercer con los alcaldes, quienes son los primeros respondientes de los derechos humanos en su territorio. “El trabajo de la protección de los derechos nos corresponde a todas las personas y todos tenemos el deber de respetar los derechos de los demás”, enfatizó la consejera.

Indicó que con esa visión de respeto, el presidente Iván Duque, desde el Plan Nacional de Desarrollo, propuso la creación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que es un instrumento de política pública fundamental, especialmente en esta época donde registramos dos fenómenos de gran vulnerabilidad para los derechos humanos. “En primer lugar, las consecuencias de la pandemia: sabemos que ha dejado por fuera del mercado laboral a cerca de 3 millones de personas en Colombia; además muchas familias se han visto afectadas en materia de pérdida de ingresos y por lo tanto la pérdida de posibilidades de tener una calidad de vida como se tenía antes de la pandemia; adicionalmente nos pone en riesgo de volver a los niveles de pobreza del 2010. De otro lado, los problemas de violencia que se desatan de economías ilícitas que giran alrededor del narcotráfico y la extracción ilícita de recursos naturales, y las cadenas de microtráfico, que ponen en riesgo a nuestras niñas, niños y adolescentes”, enumeró.

Para finalizar, destacó que dentro del manejo está la carta de derechos de Naciones Unidas y también los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales, Desca, que son parte de los programas de inversión pública. “La forma de recuperar a Colombia haciéndolo al derecho es partiendo de los derechos humanos y teniendo el eje del respeto como fundamental para accionar desde lo público”, subrayó la alta consejera.