Con el ánimo de brindar soluciones efectivas a la crisis de la población venezolana asentada en el Quindío, la gobernación en cabeza de Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas a través de la Secretaría de Familia, se encuentra en proceso de actualizar el Plan de Atención a la Población Migrante. Un instrumento que le permite a la administración departamental cumplir con la directiva 017 de 2020 emanada desde la Procuraduría General de la Nación, en la que el organismo de control insta a gobernadores y alcaldes a dar cumplimiento a los protocolos relacionados con la repatriación de esta población.

La secretaria departamental de familia Johana Quejada Torres, explicó que dicho documento: “Tuvo que ser actualizado, porque cuando fue creado no teníamos las altas tasas de inmigración que se registran hoy en día, ni la emergencia causada por el avance del coronavirus en el país. De acuerdo con los datos suministrados por Migración Colombia, la cantidad de venezolanos registrados en el departamento se acerca a los 6.000 individuos, sin contar con los ilegales o los que pertenecen a la población flotante que pasa por el departamento de camino a otras regiones”.

Por tal motivo, añadió, se incluirá en esta versión la puesta en marcha de las rutas de atención en temas relacionados con la prestación de servicios médicos; un aspecto crítico al presentarse en gran proporción enfermedades de base que portan desde su nación de origen. “Entre tanto, en cuanto a la entrega de ayudas humanitarias, hemos gestionado con una asociación estos elementos, que incluyen también un componente de bioseguridad, y en el proceso, la gobernación aporta la logística y los vehículos”.