Desde la Dirección de Poblaciones, oficina adscrita a la Secretaríade Familia de la Gobernación del Quindío, se presentará en los próximos días ante la Asamblea Departamental, el Proyecto de Ordenanza para aprobar la tan anheladapolítica pública para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras que residen en esta región.

La finalidad de esta herramienta es poder fortalecer la institucionalidad para garantizar una mejor interlocución administrativa orientada a la inclusión y la protección de sus derechos, crear canales de articulación y gestión interinstitucional en favor de la inclusión, protección y garantía de derechos de la población, y fomentar la creación de organizaciones con enfoque de derechos étnicos.

De igual manera, fortalecer a la población y sus organizaciones para aumentar su capacidad organizacional y de incidencia, como un mecanismo que genere construcción de capital social, y propicie su participación en la agenda e instrumentos de desarrollo frente a los asuntos públicos y promover la eliminación de todas las formas de discriminación y estigmatización por características raciales en el departamento del Quindío.
Alba Johana Quejada, secretaria de Familia, aclaró que el departamento cuenta con los comités consultivos regionales, además de una dirección de asuntos étnicos, liderada por el despacho seccional. “Este importante proyecto ya se encuentra radicado en jurídica del departamento, estamos esperando la revisión de los profesionales para que posteriormente, la próxima semana, pueda ser radicada en la Asamblea Departamental y podamos comenzar con el debate”, manifestó la funcionaria.

Con la aprobación de esta política publica, el gobierno departamental busca adoptar las medidas necesarias para visibilizar y atender las necesidades de estas poblaciones étnicas residentes en el Quindío, atendiéndolas como sujetos de especial protección constitucional, erradicando los altos índices de vulnerabilidad y necesidades básicas insatisfechas.

Con esta herramienta se busca el desarrollo de acciones concretas, garantizando la efectividad del derecho que tienen los grupos étnicos como elementos históricos y participantes activos de la población colombiana.