Frente a informes referentes a la gestión de otros gobiernos, que arrojan entre 30 y 45 hallazgos, la administración departamental a cargo de Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas solo obtuvo dos de estos en 2020. Así lo establece el informe de auditoría financiera y de gestión MA 032021 de la Contraloría General del Quindío, en el que se refleja el apego a las normas y la Ley por parte del ente territorial en la pasada vigencia y la ausencia de casos de corrupción.

El jefe de la oficina de Control Interno de Gestión, José Duván Lizarazo Cubillos, explicó que este documento va en concordancia con los resultados logrados ante la evaluación del Departamento Administrativo de la Función Pública hace semanas, y que le dio al departamento, una calificación de 94,3 puntos sobre 100 en desempeño institucional. “Es muy relevante que en una auditoria que revisa cada una de las actuaciones de tipo presupuestal, contable y de tesorería, solo se hallen dos inconsistencias de tipo administrativo, las cuales se subsanan por medio de los planes de mejoramiento que la Gobernación entregará la semana entrante al ente de control”, explicó.

Los hallazgos de los que el informe hace referencia tienen que ver, en el primer caso, con la no publicación de unos comprobantes de pago en el observatorio de contratación SIA debido al desconocimiento del trámite; y en el segundo, con un contrato que tuvo que ser postergado de 2020 a 2021 comprometiendo vigencias futuras (para lo cual se requiere de la autorización de la Asamblea).

Para ambos temas ya se ha diseñado el respectivo plan de mejoramiento del procedimiento. La ventaja, agregó Lizarazo Cubillos, es que al ser solo dos eventos de carácter procedimental, no se consumirán tantos recursos de la administración atendiendo los requerimientos de la Contraloría.