En una actividad previa a la creación por decreto de la instancia territorial que monitorearía el tema de las compras públicas en el Quindío, la secretaría departamental de Agricultura convocó a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar u organismos como la agencia logística del Ejército —encargada de la contratación de alimentos para los batallones del suroccidente del país — para socializar el alcance del marco normativo que obliga a las entidades estatales a comprar mínimo un 30% de sus insumos a pequeños productores.

El secretario de Agricultura, Julio César Cortés Pulido, explicó: “Las expectativas desde el ente departamental son altas porque de esta manera se garantiza una cantidad importante de tratos comerciales a este grupo de empresarios. Esto, en el marco de la Ley 2046 de 2020 o Ley de Compras Públicas Locales, así como su decreto reglamentario, el 248 de 2021. Por eso decidimos, desde la Gobernación y a través de la mesa nacional de Compras Públicas, extenderle la invitación a todos los estamentos del Estado que deben comprar bienes agropecuarios y agroindustriales —como cárceles y hospitales— para que conocieran el alcance de esta normatividad”.

La reunión también fue aprovechada para socializar el borrador del decreto que, de ser aprobado, daría nacimiento a la mesa departamental de Compras Públicas Locales, en la que participarían el Gobernador, las secretarías que consumen este tipo de productos, representantes de los 12 municipios y otros organismos, con el fin de revisar el cumplimiento de esta Ley en el Quindío.