Con el antecedente de haber tenido una disminución importante en la cantidad de demandas en contra de la Gobernación en 2020 gracias a la aplicación de la política pública de Prevención del Daño Antijurídico, la secretaria de Representación Judicial y Defensa, Paula Andrea Huertas Arcila, convocó a los directores jurídicos y otros enlaces de las secretarías de despacho a una resocialización de sus lineamientos y la identificación de los puntos más vulnerables.

“Explicamos las actividades que deben evitarse al ser generadoras de daño con el objeto de evitar situaciones ante la administración de justicia. Se busca además, proteger no solo al ente territorial como ente abstracto jurídico, sino a todo el personal que hace parte de su talento humano, dado que no responder a un requerimiento como un derecho de petición es un acto disciplinable y le puede generar una suspensión temporal del cargo. Pero por encima de todo, hay que tener en cuenta que el dinero que las entidades del Estado pueden perder en una demanda, es un recurso que podría ser destinado a inversión, cubriendo necesidades de la ciudadanía”, subrayó la jefe de la cartera.

Añadió que la aplicación de la política permite organizar los procedimientos internos de cada dependencia para ofrecer respuestas de fondo a la ciudadanía. “Esto surge de un estudio realizado a las demandas interpuestas en contra del gobierno, y queremos centrarnos en estos elementos para no incurrir en los mismos errores”, señaló. 

Voz Paula Andrea Huertas, secretaria de Representación Judicial y Defensa