En el XVII Encuentro de Gobernadoras y Gobernadores por la Infancia, la Adolescencia y Juventud, ‘Hechos y Derechos’, organizado por la Procuraduría General de la Nación, PGN, y que se celebró virtualmente, el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas hizo un llamado respetuoso para que se destinen más recursos para atender a esta población.
“El recurso destinado por la Nación para atender a los niños, adolescentes y jóvenes, llega en menor proporción a los departamentos y municipios por no estar definidos de manera expresa como si lo están las competencias a las entidades territoriales”, reveló el mandatario en su intervención ante un auditorio virtual que contó con la asistencia del procurador Fernando Carrillo Flórez, la Federación Nacional de Departamentos, FND; las gobernadoras y gobernadores del país, así como delegados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf; Presidencia de la República y la Unicef, entre otras organizaciones.
Afirmó que en el caso del departamento del Quindío, los recursos destinados para infancia, adolescencia y juventud corresponden al Sistema General de Participaciones, SGP, y al recurso ordinario. “No contamos con otras fuentes de financiación que permitan implementar todas las acciones en el marco de la política pública que se viene ejecutando desde el año 2014, y en el marco de la Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia”, advirtió el ejecutivo seccional.
Jaramillo Cárdenas precisó que es competencia de los entes territoriales la implementación de políticas, planes, programas y proyectos que busquen la promoción y prevención de los derechos y garantías de la infancia, adolescencia y juventud. “Es entonces, el reto fundamental, la articulación de todo el Sistema de Bienestar Familiar, en las Rutas de Atención Integral, para que las actuaciones que son responsabilidad de las diferentes instancias que hacen parte de este sistema, como son ICBF, Comisarías de Familia e instituciones de justicia, trabajen de manera articulada y armónica desde sus responsabilidades específicas”, aseveró.
Para finalizar, resaltó que la inoperatividad de alguna de estas instancias trae consigo una falla en el servicio prestado, generando un impacto negativo en el restablecimiento de los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes.
