Garantizar el respeto de los derechos y el bienestar de las personas que están a recaudo de las autoridades y que por la falta de infraestructura idónea son hacinadas en estaciones de la Policía Nacional es uno de los objetivos de la Gobernación del Quindío, que readecuará tres centros transitorios de detención, con una inversión de $850 millones.

Esta acción aumentará la capacidad de recepción de personal, en el marco de los procesos judiciales, pues sumadas sus capacidades los tres centros podrán albergar 200 ciudadanos, paso importante, más aún si se tiene en cuenta la alta vulnerabilidad que tienen los privados de la libertad en la pandemia del Covid-19.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez Cotrino, afirmó que se trabaja de manera articulada con los alcaldes de los municipios para dar solución a esta problemática. Confirmó que el recurso ya fue aprobado tanto en el Comité de Orden Público Departamental como en los comités municipales.

“Se van a adecuar tres centros transitorios, uno es la Permanencia de Calarcá, por un valor de $114 millones 200 mil. También se harán trabajos en la antigua cárcel del municipio de La Tebaida, para este proyecto se han adelantado algunas acciones, como la visita técnica por parte de los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura del departamento y la validación de los ingenieros y arquitectos del Inpec y la Fiscalía General de la Nación. Para estos trabajos se destinarán aproximadamente 400 millones de pesos: ya están listos los estudios y los diseños, y estamos a la espera de que el municipio entregue el predio para iniciar los trabajos. El municipio se comprometió a entregarlo en febrero, después de validar el uso del suelo y la destinación del bien inmueble”, dijo.

En cuanto al caso de Armenia, aseguró: “Se está a la espera de la validación del uso del suelo y la destinación del bien inmueble ubicado en el barrio Miraflores. La infraestructura de este predio está siendo validada por el Inpec y la Fiscalía General de la Nación y estamos a la espera de la actualización de los CDP de los municipios para iniciar las obras. La finalidad es mejorar las condiciones de sindicados que se encuentran en estado de hacinamiento y mitigar esta situación que afecta también a las tres cárceles del departamento, donde la capacidad está desbordada”.