En lo que va del año 2020 se han reportado 456 casos de violencia de género, una cifra alarmante si se tiene en cuenta que en los 12 meses de 2019 la cifra fue de 508. Uno de los factores determinantes más frecuentes podrían ser los desórdenes de salud mental, en los que el acceso a la atención por parte de las EPS sería uno de los mayores inconvenientes.

El dato fue expuesto por la gobernación de Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, a través de su secretaría de familia Johanna Quejada Torres que participó en una reunión convocada por la Mesa Directiva de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República, que contó como ponente a la senadora quindiana Aydeé Lizarazo Cubillos, con el fin de tener un panorama de esta situación en las diferentes regiones del país.

De acuerdo con la jefe de la cartera en algunos de los eventos de este tipo, la intervención al paciente de salud mental llega hasta la puerta de la EPS porque no se encuentra afiliado o porque la cita se programa mucho tiempo después, pese a que son problemáticas que requieren de más inmediatez.

Otros tropiezos evidenciados en la ruta de atención a la violencia de género, es la carencia de elementos de bioseguridad destinados a evitar el contagio de coronavirus para el personal encargado de verificar y restituir los derechos; y la falta de presupuesto para Casas de la Mujer (que servirían como refugios para las mujeres violentadas), por lo que una de las propuestas incluidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 consiste en la apropiación de recursos para la adecuación de estos espacios.