Frente a una serie de rumores y desinformación surgidos durante la presente semana con relación al regreso a clases presenciales en el Quindío, la secretaria departamental de Educación, Liliana María Sánchez Villada, dio respuesta oficial a estos temas. En primera instancia, se refirió a la exigencia en el uso del uniforme por parte de los alumnos de las instituciones educativas: “No vamos a exigirles el uniforme escolar a los estudiantes en este segundo semestre de 2021, porque somos conscientes de las dificultades económicas de la población. Por esto hemos dialogado con los rectores, pidiéndoles flexibilidad en la materia. Los niños, niñas y adolescentes pueden asistir ‘de civil’; lo que sí es obligatorio es el uso de tapabocas”, precisó.

En cuanto al transporte escolar -servicio que tradicionalmente es financiado con recursos nacionales para calidad educativa, pero que este año se autorizó emplearlos con otras destinaciones por la improbabilidad de que se reanudara la presencialidad- la titular de la cartera anunció que ya se buscan alternativas en varios municipios, de acuerdo con las capacidades financieras de cada administración. “Hemos conversado con los alcaldes, porque sabemos que la situación económica que atraviesan los municipios es muy similar a la del departamento. Sin embargo, se registran avances en Quimbaya –en donde se aplicará un piloto desde este mes-; Filandia, que empieza la semana entrante; Génova; La Tebaida, y Calarcá, que ya se encuentra analizando las opciones”.

En este sentido, la funcionaria reiteró la norma nacional que reglamenta un aforo del 70% del cupo total del vehículo, así como pautas específicas como el uso constante del tapabocas y la prohibición de que los estudiantes hablen o coman en su interior; todo supervisado por alguien encargado de esta labor.

Por último, aclaró la postura de la administración departamental frente a señalamientos que apuntan a que algunos maestros estarían recibiendo presiones para obligarlos a volver a la presencialidad. “Los ministerios de Salud y Educación han sido bastante claros con la directiva 777, al igual que la Procuraduría, frente a la responsabilidad de los funcionarios públicos de atender las labores para las cuales fuimos nombrados. En este orden de ideas, la obligatoriedad es el requisito implícito en la relación contractual adquirida por los docentes. Hemos aclarado con el sindicato que en caso de que alguno de los docentes no sea apto para estar en comunidad, su condición debe ser certificada mediante un concepto médico, en cuyo caso se aplicarían los ajustes correspondientes para que continúen su trabajo en casa”, concluyó.