Las comunidades organizadas que prestan el servicio de acueducto en áreas rurales del Quindío podrán acceder a subsidios, fortalecer su infraestructura y potenciar sus relaciones comerciales para brindar a la ciudadanía agua de mayor calidad. Estos son algunos de los beneficios a los que pueden acceder las 51 organizaciones comunitarias que operan en el departamento y que fueron identificadas en el diagnóstico realizado por la Gobernación del Quindío en el que se invirtieron $784 millones para conocer sus necesidades administrativas, financieras, técnicas y ambientales, y así contribuir al mejoramiento de su operación.
En la consultoría se identificó que muchas de las organizaciones rurales no están formalizadas ante cámara de comercio, por lo que el gobierno departamental tendrá que iniciar el acompañamiento para que a través de una constitución legal puedan acceder a los recursos de inversión que dispone la Nación para apalancar proyectos que propicien desarrollo, sostenibilidad y que perduren en el tiempo.
Ángela María Agudelo, directora de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento del Quindío, explicó que para hacer una inversión con recursos del Estado es importante garantizar que la misma sea sostenible y eficiente. Asimismo, aseguró que si las organizaciones comunitarias se formalizan le abren la puerta al gobierno departamental para potenciar la prestación del servicio a través del acceso a subsidios de la Nación.
“Esta consultoría nos permitió conocer múltiples factores en los que podremos intervenir para disminuir el nivel de necesidades insatisfechas en el territorio. Este es el punto de partida para tener mayor cobertura de agua con calidad para el consumo humano, por tal motivo se va a minimizar la afectación en la salud pública y se va a cerrar la brecha entre la ruralidad y la parte urbana en calidad de vida”, aseveró la directora.
Estas acciones están encaminadas al cumplimiento del Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’, donde se propone impulsar al departamento como territorio verde, título que trae consigo la responsabilidad de garantizar que las zonas rurales reciban el mismo apoyo, inclusión e inversión que el área urbana, para que puedan acceder de igual forma a los servicios públicos.