El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia 136 del pasado 27 de abril, declaró la nulidad de la ordenanza 012 de 2015 “por medio de la cual se dictaban disposiciones relativas a la estampilla Pro Desarrollo”, decisión que se suma a las emitidas el pasado 21 de abril, cuando anuló las ordenanzas 010 y 011 de 2015, y a la de enero de este año cuando anuló la ordenanza 015 de 2015.

Con estas ordenanzas, el gobierno seccional anterior pretendía dejar sin recursos a la Gobernación del Quindío, pues trasladaba los dineros a los municipios, EPA y el entonces Esaquín para que las alcaldías y estas entidades los ejecutaran directamente. Por ello, en noviembre de 2015, días después de que la Honorable Asamblea Departamental convirtiera estos proyectos en ordenanzas, ciudadanos instauraron las demandas de nulidad contra estas ordenanzas, lo que resolvió el Tribunal.