Por séptima vez, la Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Educación, solicitará al Ministerio de Educación la revisión y aprobación del pago de las primas a docentes del departamento que lograron hace más de cuatro años por medio de acciones jurídicas. Sobre este aspecto, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dijo: “Tenemos que ser muy claros: las decisiones judiciales no se discuten, simplemente se cumplen. Si los maestros fueron vulnerados en sus derechos, obviamente tenemos la obligación de resarcir”.

El secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, confirmó que la situación de los fallos por las pensiones de los docentes inició hace 11 años. “En 2006 y 2007, el abogado Yobany López instauró demandas en las que reclamaba para los educadores una prima y otras prestaciones sociales. A partir de 2011 muchas sentencias fallaron. Cuando nosotros llegamos a la Gobernación encontramos que de 2200 demandas se habían pagado 926 sentencias, pero estaban por pagar más de 1200”.

Arias Velásquez explicó que estos pagos deben gestionarse ante el Ministerio de Educación: “Nosotros hicimos la liquidación de las sentencias en el primer semestre de 2016 y fueron radicadas en el Ministerio en agosto pasado, con el infortunio que durante esa fecha se había presentado un cambio de ministra, de los equipos de trabajo y de las personas que habían definido los protocolos para los pagos de las demandas, y un manejo en el pago de deudas por parte del Ministerio de Hacienda, lo que implicó una demora en la transferencia de los recursos a la entidad territorial. A principios de 2016 encontramos casos con sentencias en firme de más de dos años, y eso obligó a adelantar la liquidación que ya está radicada ante el Ministerio”.

Sobre los embargos, el secretario de Educación precisó: “Son deudas que ascienden a los $16 mil millones, sobre las cuales se ha insistido constantemente al Ministerio de Educación, entidad que gestionará ante la cartera nacional de Hacienda los recursos para que sean transferidos al departamento. Lo que nos corresponde como ente territorial es la liquidación de acuerdo con cada una de las sentencias, teniendo en cuenta la hoja de vida de los docentes, las novedades que ellos presentan en su vida laboral y presentar esa liquidación al Ministerio para que ellos la revisen, la confronten con los sistemas de información y nos digan que esa es la correcta”.

Al respecto, el gobernador del Quindío precisó: “El embargo fue hecho por $4.000 millones y los carros no están secuestrados, todo sigue en funcionamiento hasta que nosotros podamos cumplir con nuestra responsabilidad. Hemos trabajado mucho, la semana pasada estuvimos en el Ministerio de Hacienda revisando caso por caso, allí dejamos claro que esta es una cuestión que existe desde hace cuatro años, tiempo en que no se realizó la gestión adecuada, sabiendo que ya existía una situación de mora”.

Por su parte, el titular de la cartera de Educación del Quindío expresó que el próximo viernes habrá un nuevo encuentro con representantes del gobierno nacional. “Esperamos lograr el aval y la presentación ante el comité de deuda del Ministerio las respectivas liquidaciones, y que sea esta cartera nacional la que nos diga cuándo hará la transferencia de los recursos y de qué manera se procederá al pago. Dependemos únicamente del Ministerio de Educación, que es la entidad que provee los recursos y es responsable de esas deudas”.