En siete puntos neurálgicos del municipio se instalarán desde hoy reductores de velocidad, una de las principales peticiones de la comunidad.

Tras 20 días de haber culminado la semana de gobierno Salento Sí para ti, la administración seccional, liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y luego de haber refaccionado  13 instituciones educativas, 2 centros de salud, el cuerpo de Bomberos y otras entidades, dará inicio obras solicitadas por la comunidad para solucionar las situaciones que los aquejaban. Así lo dio a conocer el gobernador durante el Consejo de Gobierno en el que estuvo presente el alcalde Juan Miguel Galvis Bedoya, para construir el cronograma de las inversiones a realizar.

“Es muy importante que el señor alcalde venga, para revisar en qué nos comprometimos y para presentarle un informe sobre lo que estamos haciendo. Hay compromisos de parte y parte y es muy importante que la palabra se cumpla. Estamos trabajando muy coordinadamente”, expresó el mandatario de los quindianos.
Por su parte, el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis Bedoya, destacó la voluntad del gobierno departamental para ejecutar las acciones que beneficiarán a los salentinos, y afirmó que ya le fueron entregados los estudios y diseños para la construcción del nuevo hospital San Vicente, y que se adelantan también los estudios para la edificación del nuevo Liceo Quindío, para varios muros de contención en la vía al Valle de Cocora y, con recursos de regalías, una calle a un costado del municipio para brindar mayor movilidad.

“Estamos de la mano del gobernador trabajando por el municipio y por los salentinos. El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ, entregó un análisis de los siete puntos neurálgicos en movilidad y a partir de hoy se instalarán los reductores”, puntualizó el alcalde.

La Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Salud, declaró la alerta verde para la Red Hospitalaria hasta el 22 de agosto, con el fin de cubrir la temporada vacacional, las festividades en municipios del departamento y las vacaciones de colegios privados. Héctor Mario Taborda Gallego, secretario (e) de Salud del Quindío, dijo al respecto: “La declaratoria de 'Alerta Verde' va encaminada a estar atentos a cualquier situación que se nos pueda presentar por las aglomeraciones de personas, especialmente por las fiestas del Café en Calarcá y por las vacaciones de los estudiantes, hasta el 22 de agosto cuando retoman las clases los colegios privados”.

El funcionario explicó que la declaratoria también implica que los equipos epidemiológicos, de saneamiento para control de alimentos y el personal médico de los hospitales del departamento estén pendientes por si se presenta "algún accidente masivo o intoxicaciones con alimentos”. Igualmente, el laboratorio de salud pública también tiene que estar pendiente de lo que ocurra en cualquier evento, según explicó Taborda Gallego.

Además, se realizan visitas técnicas a restaurantes, sitios de aglomeración y cocinas temporales, en turnos permanentes, los fines de semana e incluso en las noches, verificando control de alimentos y que su manipulación sea correcta; así como la venta de licores para evitar que sean comercializados de manera adulterada. 

Siguiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional, que sostuvo un encuentro con representantes del Eje Cafetero, la Secretaría de Educación del Quindío determinó las medidas que se aplicarán para la recuperación del calendario escolar en el departamento. Álvaro Arias Velásquez, secretario de Educación, indicó: “La modificación implica tener una extensión hasta el 15 de diciembre y realizar actividades académicas con estudiantes la semana de octubre, que era prevista para el desarrollo institucional, y la semana de desarrollo institucional que teníamos para la última semana de noviembre”.

El objetivo de la Secretaría de Educación es la recuperación efectiva de tres semanas institucionales y los 21 días sin clase de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Quindío. Arias Velásquez agregó: “Las tres semanas que equivalen a 15 días de desarrollo institucional se recuperarían los sábados y en acuerdos especiales entre las instituciones educativas”. 

La Secretaría de Familia socializó en el interior de la Gobernación del Quindío la nueva estrategia para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes, iniciativa que se ejecutará en los 12 municipios del departamento y que busca generar inclusión social y reducir los índices de consumo de drogas en la ciudadanía.

La estrategia está compuesta por cuatro fases:
1. Competencias para la intervención comunitaria, prevención detección, y respuesta temprana al consumo de SPA ´Sustancias Psicoactivas´.
2. Organización social y comunitaria, acción participativa.
3. Promoción de herramientas.
4. Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas.

Liliana Jaramillo Cárdenas, secretaria de Familia, expresó: “Queremos que la gente entienda y aprenda que prevenir es una solución. Llegar con conocimiento y habilidades, no solo de nosotros como funcionarios, sino del entorno social para prevención de sustancias, es un paso que tenemos que dar todos. Cada ciudadano tiene una responsabilidad frente esta problemática, porque somos o padres, abuelos o compañeros de universidad”.

El tercer subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá socializó la estrategia integral para la prevención de los escenarios que generan las amenazas a líderes y lideresas de la población víctima que reside en el departamento del Quindío, además de las actividades de promoción y divulgación de los Derechos Humanos, DD.HH.

Durante el encuentro, la dirección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Secretaría del Interior expuso su plan de acción 2017, donde la mayoría de los esfuerzos interinstitucionales están encaminados a capacitaciones para la prevalencia de los Derechos Humanos, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad, las rutas de atención a víctimas y la evaluación de casos de amenazas a líderes y lideresas en DD.HH y población víctima, que se registran en el departamento.