La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los exfuncionarios de la Gobernación del Quindío Héctor Mario Campuzano Londoño, exdirector de Talento Humano; José Reinel Henao López, exdirector del Fondo Territorial de Pensiones, y Laura Marcela Quintero Gómez, contratista adscrita a esta última oficina, por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo sucesivo, dentro del proceso penal adelantado por el retén social. Ninguno de los imputados aceptó cargos.

Según indicó la Fiscalía durante la audiencia pública presidida por el juez Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Laura Marcela Quintero Gómez proyectó y elaboró 28 resoluciones “contrarias a la ley”, que luego fueron revisadas por José Reinel Henao López y firmadas el 15 de diciembre de 2015 por Héctor Mario Campuzano Londoño, “quien carecía de competencia funcional o delegada para proferirlas”, en las que se pretendía conferirles una estabilidad laboral reforzada a las siguientes personas:

La Fiscalía explicó que esta figura de retén social prohíbe el retiro del servicio a madres cabeza de familia sin alternativa económica, a personas con limitación física, mental, visual o auditiva; o a prepensionados que les falte tres años o menos para obtener el derecho pensional, y que hagan parte de entidades públicas que adelanten programas de renovación dirigidas a reducir el gasto público mediante la fusión, supresión o reestructuración.

Según el órgano acusador, a estas 28 resoluciones no las precedió en su trámite ninguna de las anteriores figuras, solo el cambio de administración departamental que se daría en los 16 días siguientes a la expedición de los actos (1 de enero de 2016), pero que ello no era razón justificada por la ley para crear el retén social.

Como ninguno de los imputados aceptó los cargos imputados, la Fiscalía tiene 240 días para continuar con la investigación, que puede precluir a favor de los exfuncionarios o seguir con la audiencia de acusación si considera que tiene los elementos necesarios para iniciar un juicio oral. No obstante, los imputados pueden firmar un preacuerdo con la Fiscalía si deciden aceptar cargos, para así lograr una disminución en la condena.

De acuerdo con Jamer Chaquip Giraldo Molina, secretario de Representación Judicial y Defensa del Departamento, con esta imputación se demuestra una vez más que la anterior administración departamental pretendió sabotear a la administración entrante al pretender dejar personas “atornilladas” en sus cargos, que eran de libre nombramiento y remoción en su mayoría, y las cuales no contaban con la confianza del nuevo gobernante.