Gobernadores del Eje Cafetero insisten en que la región necesita obras de infraestructura vial, y que el dinero que se recauda en peajes debe ser invertido en esta carretera nacional.

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se reunió en Pereira con sus homólogos de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, y de Caldas, Guido Echeverry, así como con representantes de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI; entre otras autoridades, para analizar la concesión de Autopistas del Café, conocer los hallazgos de la Contraloría sobre dicha concesión y los avances del Tribunal de Arbitramento que decidirá si esta licencia ya terminó o si seguirá vigente hasta 2027.

 

Los mandatarios departamentales fueron unánimes en afirmar que su único interés es el bien común de los ciudadanos que se benefician de este corredor nacional entre las tres capitales: Manizales, Pereira y Armenia, por lo que expusieron las obras que hacen falta para mejorar la movilidad y proteger la vida de los peatones, la necesidad de iluminar algunos tramos en los que se estaría presentando peligro en las noches y otros alto riesgo por accidentalidad, y finalmente mostraron su preocupación por los altos costos de los peajes, pues podrían ser los más caros del país.

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se mostró agradecido con la concesión, pues afirmó que esta obra aumentó el flujo vehicular e impulsó el desarrollo de la región, pero indicó que es necesario que se aclaren todas las situaciones para determinar quién y con qué recursos deben hacerse las obras que faltan, y que el dinero recaudado en los peajes sea invertido en la región y no trasladado al orden nacional.

 

La Contraloría General de la República presentó los hallazgos resultantes de una auditoría que se le practicó a la ANI sobre esta concesión, que fue el contrato 113 de 1996 y al que se le hicieron 27 adiciones y modificaciones. Fueron 12 hallazgos administrativos entre los que se generaron también 12 hallazgos disciplinarios, y hallazgos fiscales por $219 mil millones, por situaciones como la distribución de excedentes del ingreso mínimo garantizado, por el costo del personal de administración del contrato, pues no se contó con todos los trabajadores requeridos; la inversión de la estación de pesaje en Santa Rosa que nunca se construyó por problemas ajenos a la concesión, la instalación de teléfonos SOS por $3.099 millones, el desplazamiento del cronograma de centros de atención de usuarios por $1.859 millones y la ejecución de inversión del contrato por $9.200 millones.

 

Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, afirmó que el Tribunal de Arbitramento se pronunciaría en marzo de 2018 sobre si la concesión ya terminó o si continuará hasta 2027, situación que los tres gobernadores solicitaron que se resuelva cuanto antes. Antes de dicha decisión, Autopistas del Café no podrá hacer ninguna obra, pero sí se podrían presentar nuevas iniciativas a la ANI para seguir administrando esta vía nacional en caso de que se determine que la concesión ya se pagó.