En el cambio propuesto por el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas al escudo del Quindío, es el campo interior del blasón -donde se reemplazó el tronco con el hacha por una vista de la cordillera y las palmas de cera- en donde radica la mayor modificación. Una declaración de principios del departamento por apostarle a la conservación medioambiental y que la actual administración ha asumido con acciones concretas de protección de sus recursos naturales.
A la par con las estrategias de reforestación consignadas en proyectos de regalías con 615.000 árboles y los 5.000 sembrados por parte de voluntariados, la creación del vivero y la ordenanza de Pagos por Servicios Ambientales, la Gobernación lleva a cabo diversos procesos de descontaminación de fuentes hídricas representados en construcción y optimización de alcantarillados y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales –que permiten que el agua retorne ya tratada a su curso en ríos y quebradas-. Complementario a esto, se avanza también en Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, Plantas de Tratamiento de Agua Potable y acueductos, completando un paquete de obras que solo en 2023, asciende a 11.654 millones de pesos ejecutados por el PDA.
Desde la Gobernación se ha incursionado en modelos de energías limpias, por ejemplo, para la interconexión eléctrica de zonas alejadas por medio de paneles solares –iniciativa que ya alcanzó el 100% de su meta de ejecución- o reduciendo la huella de carbono con la provisión de estufas ecoeficientes que reducen el consumo de madera en comunidades que no tienen disponibilidad de otro combustible. El componente de agroecología (con prácticas como la mínima labranza, la protección de arvenses o maleza, la baja utilización de herbicidas y el bajo uso de agroquímicos de síntesis de categorías tóxicas altas- es un elemento común en todas las apuestas productivas apoyadas por la secretaría de Agricultura del Quindío.
Y reconociendo la importancia de todas las especies en el ecosistema, se avanza en el desarrollo de la mesa apícola del Quindío, en el que, de la mano con entidades como el ICA, la Procuraduría Ambiental y Agraria, la Universidad del Quindío y las administraciones municipales, se ha logrado la caracterización de los productores, su inscripción ante el ICA, el establecimiento de zonas libres de agroquímicos, rutas críticas y la acreditación de laboratorios para diagnosticar las moléculas que matan las abejas; todo en razón de reducir los eventos de mortandad catastrófica de estas especies polinizadoras.
