Este miércoles 12 de febrero se llevó a cabo el Comité de Seguimiento Carcelario y Penitenciario en el Quindío, donde se analizaron las responsabilidades de las entidades territoriales frente a la situación de los sindicados en estaciones de policía de Armenia y Calarcá.

Jaime Andrés Pérez Cotrino, secretario del Interior, destacó la importancia del encuentro y señaló la necesidad de que los alcaldes del departamento agilicen los convenios con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). "Solicitamos de la manera más respetuosa a los alcaldes que aceleren la firma de los convenios para dar cumplimiento a las normas establecidas en la ley general", afirmó. Uno de los puntos clave fue la discusión sobre la Ley 2346 de 2024, que establece la responsabilidad de las entidades territoriales de asumir la alimentación de los sindicados. Pérez Cotrino explicó que actualmente el departamento alberga un promedio de 300 sindicados, lo que implica un costo estimado de 2.000 millones de pesos.

El funcionario anunció que se están gestionando reuniones con el ministerio de Justicia, buscando que se realicen encuentros regionales que incluyan a Caldas y Risaralda, con el objetivo de encontrar soluciones conjuntas. Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que continúe asumiendo la responsabilidad de la alimentación de los sindicados, dada la insuficiencia de recursos en las entidades territoriales. "Estamos avanzando en la creación de una bolsa común con los municipios, pero solicitamos que el Gobierno mantenga el apoyo a través del INPEC como lo ha hecho hasta ahora", concluyó Pérez Cotrino.

Este esfuerzo interinstitucional busca garantizar condiciones dignas para los sindicados y un manejo eficiente de los recursos en los centros transitorios del departamento.

Voz de Jaime Andrés Pérez Cotrino, secretario del Interior, Carcelario