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Autoridades quindianas refuerzan acciones para prevenir el uso de pólvora y restablecer derechos de los menores que resulten quemadosDurante el Comité Departamental e Interinstitucional de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia, que lideró el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, las autoridades del departamento presentaron un informe sobre las acciones ejecutadas para prevenir el uso de la pólvora y anunciaron que aumentarán sus esfuerzos para evitar que más quindianos resulten quemados por estos elementos prohibidos.

Cielo López Gutiérrez, gobernadora encargada, explicó que las autoridades están haciendo lo que les corresponde de acuerdo a sus competencias para prevenir y sancionar a los adultos que permitan que sus hijos manipulen pólvora. En el Comité también se habló sobre el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y las mejoras que se le harán al CAE la Primavera, donde la Gobernación aportará $70 millones, al igual que la Alcaldía de Armenia, y la Alcaldía de Calarcá $50 millones más. Las obras iniciarían tras aprobación de los Concejos Municipales y la Asamblea Departamental.

Por su parte, Liliana Ocampo, directora encargada del ICBF, indicó que esta entidad inició con la campaña de prevención de la pólvora desde el pasado 31 de octubre y junto con la Gobernación, las Alcaldías y la Policía se han realizado varias actividades.

“A pesar de las acciones ya tenemos siete quemados con pólvora, uno de ellos, un niño que el año pasado resultó lesionado también con pólvora. El ICBF, cumpliendo su función y su objetivo, inició cuatro procesos de restablecimiento de derechos en estos siete casos (…) estamos a la espera de que el defensor de familia de cada caso tome la decisión sobre qué amonestación, multa o decisión tome sobre cada uno de estos procesos”, agregó Liliana Ocampo.

La secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, indicó el caso del niño que resultó quemado en 2015 y 2016 es de gran preocupación y por ello solicitaron al ICBF información sobre los procesos administrativos y penales, pues los padres de familia pueden ser eventualmente  judicializados,  privados de la custodia de los menores y hasta de la patria potestad. 

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