Con la participación de delegados de las Alcaldías, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, los gerentes de IPS de mediana y alta complejidad, y representantes de la Superintendencia de Salud, se desarrolló una mesa de moralización liderada por la secretaría Privada y Gobernadora encargada del Quindío, Amanda Tangarife. El encuentro tuvo como propósito analizar la situación hospitalaria que atraviesa el departamento y establecer acciones para atender la emergencia derivada de la alerta roja vigente.
Durante la jornada, el secretario de Salud departamental, Carlos Alberto Gómez Chacón, explicó que “se realizaron análisis situacionales de la capacidad operativa y financiera de cada institución, además de revisar las referencias y contrarreferencias de pacientes. Sin embargo, los giros comprometidos por la Nueva EPS no se han materializado en su totalidad, lo que ha generado una incapacidad funcional y operativa en clínicas y hospitales del departamento”. Entre los compromisos incumplidos, mencionó recursos pendientes con la clínica La Sagrada Familia, el Hospital San Juan de Dios y la clínica San Rafael.
Por su parte, Héctor Alberto Marín Ríos, presidente de la Comisión Regional de Moralización y gerente de la Contraloría General de la República colegiada en el Quindío, afirmó que “este ya es un tema de dignidad y humanidad, pues más del 45% de los afiliados a La Nueva EPS en el departamento se sienten sin servicios y sin medicamentos por el cierre de instituciones debido al no pago de deudas”. El directivo agregó que el 11 y 12 de septiembre se desarrollará una mesa técnica con la Superintendencia de Salud, la interventora y la red pública y privada, con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos y garantizar el acceso oportuno a la atención en salud para los quindianos.
