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Juan Miguel Galvis Bedoya, Gobernador 2024 - 2027

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 En medio de una sana discusión sobre lo que significa la identidad quindiana y el rol de sus símbolos en esta construcción, la propuesta del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas de reformar el escudo del departamento, se da en medio de una ambiciosa inversión por parte de su administración en temas de restauración forestal. Un portafolio de acciones que se encuentra encabezado por el proyecto ‘Implementación de Acciones de Adaptación Etapa I del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático’, primero del país en destinar recursos de regalías para este tema, por valor de 18.165 millones de pesos.

Con cerca de 150.000 árboles ya sembrados, la iniciativa que tiene como horizonte la restauración de 615.000 especímenes de especies nativas en 1.717 hectáreas de importancia para conservar las fuentes hídricas del Quindío; más de un árbol por habitante del territorio. La propuesta plantea además, procesos de reconversión productiva, originando la transición, por ejemplo, de ganadería extensiva a silvopastoreo; así como una red de monitoreo climatológico para hacer un seguimiento en tiempo real a las variaciones presentadas.

Pero las siembras no se limitan a este programa: dependencias como las secretarías Administrativa, Aguas e Infraestructura –a través del Plan Departamental de Aguas-, TIC y Agricultura, registran la siembra de aproximadamente 5.000 árboles de la mano de aliados como el Ejército Nacional y la Universidad del Quindío; y para contar a futuro con el material vegetal necesario, se han invertido más de 100 millones de pesos -representados en especie y en efectivo- en la creación de un vivero departamental, con capacidad para la producción de cerca de 14.000 árboles al mes, en convenio con el Ejército Nacional y la Alcaldía de Salento.

Esto sin contar con el marco legal que permite que los propietarios de predios situados estratégicamente para la protección de las fuentes hídricas, destinen para conservación los corredores aledaños a estos afluentes: por medio de la ordenanza de Pagos por Servicios Ambientales, se han apropiado 250 millones de pesos para pagar una suma cercana a los 500.000 pesos por hectárea conservada; una bolsa que puede crecer con la llegada de aportes de la Nación y de entidades territoriales, e incluso de particulares.

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