Las complejidades de un primer año de Gobierno se duplicaron en 2024, cuando entró en vigencia la norma que exige que el presupuesto se armonice, con autorización de la Asamblea, una vez se apruebe el plan de desarrollo. Eso hizo que durante los primeros meses del año no se pudieran movilizar recursos de inversión. Sin embargo, a lo largo de la vigencia, la secretaría de Familia se puso al día con las transferencias que el departamento le debe hacer a los municipios para la financiación de los programas de adulto mayor.

De estos recursos, provenientes del recaudo de la estampilla Pro Adulto Mayor, solo queda un giro por hacer, el cual se realizará a lo largo del presente mes de enero y que corresponde con la transferencia de diciembre de 2024. “Pero, además, hemos hecho seguimiento a través de ejercicios de auditoria en las localidades, para evidenciar el cumplimiento de los fines que tiene esta tasa parafiscal”, reiteró el secretario.