A revisión por parte de dependencias del gabinete departamental como la secretaría de Aguas e Infraestructura, o la Empresa para el Desarrollo Territorial – Proyecta, pasó el listado de necesidades manifiestas por cada uno de los rectores de las 54 Instituciones Educativas del departamento, y que fueron consultadas por la cartera de Educación, de cara a la asignación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura, y cuyo monto ronda los 23 millones de pesos por colegio.
La titular de Educación, Tatiana Hernández Mejía, explicó que la recepción de estos requerimientos se dio dentro del plazo establecido, el 28 de febrero como fecha límite. “La idea es hacer un uso muy juicioso y con un presupuesto detallado y revisado por el Gobierno del Quindío, por lo que se está revisando en detalle los puntos expresados por los rectores para determinar la destinación de cada transferencia”.
Hernández Mejía reconoció que existe una deuda histórica de la institucionalidad en el departamento con las sedes dispuestas en los 11 municipios no certificados en los que la administración del servicio está a cargo del departamento. “Sin embargo hay que tener de presente que son las administraciones municipales las responsables de la verificación del estado de la infraestructura educativa de su jurisdicción y de su mantenimiento, porque son los municipios los dueños de los inmuebles, lo que los hace los responsables en primera instancia”, ratificó.
