El gobierno del Quindío con el liderazgo del mandatario Juan Miguel Galvis Bedoya, sigue atento a la evolución de los acuerdos establecidos en días anteriores durante el Consejo departamental de Seguridad vial. Distintas dependencias de la administración seccional, vienen trabajando en torno a dichos acuerdos y con el seguimiento correspondiente para lograr los objetivos deseados en materia de seguridad vial.

Como se informó en su debido momento, los acuerdos establecidos tienen que ver con lo siguiente: la auditoría normativa inmediata a empresas de transporte especial, el requerimiento al ministerio de Trabajo por el incumplimiento en la radicación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) por parte de universidades y operadores, así como el envío de oficios a instituciones educativas para que formalicen contratos de transporte bajo el marco legal vigente. También se reiteró la necesidad de reforzar los controles en los centros de diagnóstico automotriz y garantizar el cumplimiento de las revisiones técnico-mecánicas.

Uno de los puntos más relevantes abordados fue la solicitud al Gobierno nacional para evaluar la viabilidad técnica y operativa de instalar rampas de frenado en el corredor vial Cajamarca–Calarcá, un tramo de alta pendiente y siniestralidad. Esta medida busca ofrecer alternativas de emergencia para vehículos de carga y transporte en casos de fallas mecánicas o pérdida de frenos. Adicionalmente, se enfatizó la importancia de hacer cumplir rigurosamente el límite de velocidad de 40 km/h en este sector, como medida preventiva crucial para proteger la vida de conductores, pasajeros y habitantes de la región. El próximo Consejo Territorial de Seguridad Vial se programó para el 12 de septiembre de 2025, con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.