Vino por pruebas y habían demasiadas. Pudo presenciar las expresiones del pueblo quindiano y experimentar su frustración. Y con un acervo impresionante de evidencias documentales y testimoniales de una comunidad cansada con una empresa que no responde, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, se comprometió a estudiar con detenimiento la situación que tiene a las comunidades del departamento exigiendo una intervención en Empresas Públicas del Quindío – EPQ.
Acompañado por el director técnico de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, James Copete Ríos, el superintendente acogió la invitación del gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya a una asamblea amplia de usuarios y autoridades regionales que atiborró al Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia con personas provenientes de todo el departamento. Al final del ejercicio, Quiroga Collazos expresó: “Queremos mejorar la situación, tenemos toda la voluntad y la capacidad de intervenir cuando las circunstancias lo ameriten. Me comprometo a estudiar la situación con celeridad para que la Superintendencia tome una decisión sobre las situaciones planteadas por ustedes. Y felicito al Gobernador por asumir una causa que es un derecho humano”, señaló.
Por su parte el Gobernador, consciente de los procedimientos regidos por Ley que impiden una respuesta más eficaz en el problema, solicitó a la autoridad de vigilancia y control “que mande un equipo estructurado a partir de la otra semana para que conozcan el desempeño de EPQ en unos 20 días, para no seguir dándole tregua a una empresa que solo le ha hecho daño a las comunidades, y no da soluciones”. Sus duras palabras están sustentadas en el gigantesco volumen de quejas de todo tipo entre las que se encuentran índices de riesgo superiores al límite permitido por la Ley, entre las que se evidencian:
- Niveles de riesgo superiores a los límites permisibles
- No atender requerimientos de la secretaría departamental de Salud como autoridad sanitaria
- Registros en el Sistema Único de Información que no corresponden con la realidad
- La no entrega del plan de contingencia lo que no permite hacer seguimiento a situaciones de emergencia
- El uso de cemento y asbesto en las redes, que está prohibido por la Ley 1968 del 2019
- La bajísima inversión en el mantenimiento y reparación de las plantas y redes de los sistemas que manejan (en contravía al artículo 26 de la Ley 142 de 1994 que responsabiliza a las prestadoras de los daños y perjuicios en infraestructura usada en su operación)
- La carencia de un plan de mejoramiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución de agua para el consumo de la población, frente a un incremento constante de la densidad poblacional del territorio
- No haber logrado el 100% de la cobertura, especialmente en Génova y Pijao, pese a que es la responsable de la operación desde los años 90, lo que se refleja, por ejemplo, en este último municipio que tuvo que esperar 12 años para volver a tener una bocatoma
- Una inversión de más de 6.842 millones anuales correspondiente a personal de oficina, aunque en las plantas solo hay un operario
Voz Juan Miguel Galvis, Gobernador, sobre conclusiones de la asamblea de usuarios de EPQ
