A la espera de recibir la totalidad de las proyecciones en materia de transporte escolar de los 11 municipios no certificados, se encuentra la secretaría departamental de Educación para iniciar los trámites internos que le permitan a la Gobernación del Quindío transferir la cofinanciación de este servicio durante la vigencia 2023. Como se recordará, la responsabilidad primaria de este componente de acceso a la educación reside en las Alcaldías municipales, en un esquema en el que la administración departamental aporta el 30% del valor total de los contratos.

La jefe de la cartera territorial, Ana María Giraldo Martínez, explicó que “hablamos de unos 7 municipios que han hecho llegar a la secretaría sus proyecciones de las necesidades de transporte para este año, de acuerdo con los cupos que necesitan movilizar y los recorridos durante los 180 días calendario. Una vez hayamos recibido los informes de cada Alcaldía, procederemos con los procesos de traslado de recursos presupuestales, Certificados de Disponibilidad Presupuestal y firmas de convenios”.

Las circunstancias para este año diferirán de las de los años inmediatamente previos: en 2020 el confinamiento generado por el Covid-19 obligó a redireccionar estos recursos; en 2021 se presentó una situación de alternancia que no exigió tanta intensidad en el servicio; y en 2022 la entrada en vigencia de la Ley de Garantías llevó a que este presupuesto se girara a través de convenios. “Es el primer año en el cuatrienio que se da con normalidad y debemos entrar a analizar el incremento en la canasta de transporte para proyectar el costo”, indicó la titular de la dependencia.

 Voz de Ana María Giraldo, secretaria de Educación