Siguiendo lo establecido por la ordenanza 022 de 2014 (que determina el Estatuto de Presupuesto del departamento) un anteproyecto que define el recurso presupuestal con el que cada secretaría contará para la vigencia 2026, deberá estar radicado en la Asamblea. El trámite es previo a la radicación del proyecto como tal, y que corresponde con la aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, que es el que destina los rubros presupuestales con los que se financiará la ejecución de planes, proyectos y programas de las 4 líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Departamental “Por y Para la Gente” 2024-2027.
El secretario de Planeación, Luis Alberto Rincón Quintero, explicó así el paso siguiente a la aprobación que hiciera el gabinete departamental del documento, el pasado 10 de septiembre en Consejo de Gobierno. El trámite inicia desde mucho antes, de acuerdo con la normatividad, iniciándose antes del 10 de julio, cuando la secretaría de Hacienda presenta ante el Consejo Departamental de Política Fiscal un plan financiero, que es posteriormente aprobado por los secretarios de despacho. A más tardar, el 30 de julio, se procede con la inscripción de los nuevos proyectos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública, y estos deben ser avalados en Consejo de Gobierno hasta el 10 de septiembre de cada año. Surtidas estas fases, la iniciativa pasará al escenario de la Asamblea, que tendrá hasta el último día de octubre para realizar su primer debate, y hasta el último de noviembre para realizar la aprobación.
Para el próximo año, reveló el funcionario, se incluyen $36.500 millones del cupo del crédito aprobado en primer semestre por la Asamblea, $12.000 millones de la reorientación con recursos de FONPET, y $5.407 millones de reorientacion de impuesto al Registro. De esta manera se totaliza un presupuesto aproximado de $478.784 millones para el sector central, cuya inversión ascenderá a cerca de $459.238 millones distribuidos en las 4 líneas estratégicas. De estas, la correspondiente a Social, Inclusiva y Participativa es la de mayor peso, con un 82,48% y unos $478.784 millones, seguida de la de Convergencia Territorial, con $51.206 millones y un 11,15% de participación. A esta suma se le suma el presupuesto para los entes descentralizados por $16.756 millones.
