La secretaria Jurídica del gobierno seccional Cielo López Gutiérrez participó de la sesión de la Honorable Asamblea Departamental sobre el fallo de nulidad del Acuerdo 001 de 2019 del concejo de Salento proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ.

La titular del despacho señaló que el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá tiene una función constitucional y legal de solicitar al TAQ la declaratoria de validez o invalidez de los actos administrativos de carácter general emitidos por los alcaldes o en este caso el concejo de Salento.

Resaltó que desde el gobierno seccional se hizo un análisis detallado del acuerdo a través de la secretaría Jurídica y de Contratación y se encontraron razones de tipo jurídico para solicitar al Tribunal analizar el Acuerdo y se pronunciara si tenía o no validez.

“Es de público conocimiento que el TAQ declaró la invalidez del Acuerdo 001 fundamentalmente señalando que el concejo no tenía competencias para señalar las restricciones que se establecieron en el mismo”, precisó.

Durante su intervención en la Honorable Asamblea la secretaria Jurídica del departamento reiteró que no es un asunto potestativo del gobernador enviar o no enviar al tribunal para revisión los actos administrativos: “Es una obligación constitucional y legal que tiene que cumplir, somos integrantes de un estado social de derecho, debemos cumplir los fallos judiciales, es una obligación que nos impone la Constitución y la Ley”.