El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Armenia ordenó levantar el embargo que pesaba contra las cuentas del departamento del Quindío, por concepto del pago de primas de servicios a maestros de esta jurisdicción.

La secretaría de Educación departamental recordó que se habían embargado las cuentas de la gobernación del Quindío por orden del Consejo de Estado, tras no proceder una tutela que presentó el departamento para que la medida que había tomado el Tribunal Administrativo del Quindío en el mismo sentido, se levantara.

Inicialmente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo había manifestado que como medida provisional levantaba la retención de los recursos, pero posteriormente, en su decisión de fondo, decretó que los embargos se debían de ejecutar.

Frente a esta situación, el equipo jurídico de la gobernación instauró una tutela ante el Consejo de Estado, que no procedió y se ordenó realizar nuevamente la medida cautelar contra las cuentas del departamento.

Sin embargo, paralelo al trámite de la tutela, el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá había enviado a través del equipo jurídico de la secretaría de Educación departamental un oficio al despacho de la juez Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Armenia, solicitando el levantamiento de las medidas cautelares. Argumentaba que de no hacerlo estaba provocando una desestabilización financiera presupuestal a la administración departamental con la retención de los dineros, que están destinados a la atención social de la población, en educación, salud, recreación, primera infancia, tercera edad, cultura, etc.

En el momento en que llega el expediente del Consejo de Estado al despacho de la juez, esta emite un auto donde resuelve y acata la orden del máximo tribunal, decretando el embargo de las cuentas. Paralelo a esta decisión judicial la togada le dio trámite a la solicitud elevada por el gobernador del Quindío, manifestando que levantaba el embargo de las cuentas del departamento, acatando la solicitud del gobernador.

La juez argumentó su decisión en el hecho de que resulta desproporcionado afectar el presupuesto del departamento, pues pone en riesgo la estabilidad y la calificación de las finanzas públicas departamentales e indicó: “Esta situación conduce posteriormente a la paralización de la prestación de los servicios públicos a cargo del gobierno departamental en la ejecución de los programas sociales y además se paralizaría la nómina de los empleados públicos de la administración”.

A 31 de agosto del año 2018 la deuda con 827 docentes del Quindío por concepto de primas de servicios ascendía a $12.678 millones, dineros que la gobernación del Quindío espera pague el gobierno central dado que es una deuda de la Nación.