La medida busca permitir el normal funcionamiento del gobierno seccional y garantizar la prestación de los servicios públicos.

Con el propósito de permitir el normal funcionamiento de la administración departamental que lidera Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el gobierno ofreció en garantía bienes inmuebles avaluados en la suma de $22.000 millones de pesos, que permitan liberar las cuentas del departamento que actualmente se encuentran embargadas por el pago de primas a docentes.

La solicitud se presentó ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito y hace parte de una estrategia jurídica apegada a la ley para permitir que el Departamento pague los compromisos que a diario le corresponden y garantizar la prestación de los servicios públicos.

Gustavo Adolfo García Botero, asesor jurídico de la secretaría de Educación del Quindío explicó que los bienes inmuebles que se ofrecen como garantía son bienes fiscales donde se desarrollan actividades públicas y al solicitar la activación de la medida, los mismos quedarían congelados dentro del proceso judicial esperando los resultados correspondientes.

“La administración, al tener la titularidad de los bienes, puede solicitar como medida preventiva la sustitución y el cambio de garantía, no quiere eso decir que el Departamento vaya a perder los bienes inmuebles, lo que se hace es garantizar de manera transitoria en desarrollo de un proceso judicial que en su momento tendrá una decisión”, explicó García Botero.

Dijo que una vez el juzgado determine el saldo a pagar será el mismo Departamento el que deberá proveer esa obligación bien sea con fuente de financiación de orden nacional o territorial, dejando la claridad que se deberá adelantar un proceso judicial para obtener la reparación que le cause un eventual daño de la Nación ante la falta de provisión de recursos que se requiere para el pago de esa deuda.

Gustavo Adolfo García Botero, asesor del despacho del gobernador, recordó que desde el 18 de abril del 2018 se obtuvo la validación y certificación de la deuda a los docentes por parte del ministerio de Educación Nacional en una suma superior a los $15.500 millones de pesos, de tal manera que después de esa validación se ha prestado el pago con cargo a esos recursos, con lo que hasta el momento ha pagado más de 700 sentencias adeudando 482 al día de hoy.

“El Departamento del Quindío ha establecido una acción popular en contra de los ministerios de Educación y Hacienda, que se encuentra en curso y esperando la fijación de una audiencia para pacto de cumplimiento. A día de hoy MinHacienda ha hecho unas observaciones que no han permitido el trámite de ese recurso para poder pagar de manera integral dicha obligación. Por lo cual, tanto MinEducación como MinHacienda, se han enfrascado en una discusión frente a la validación de ese saldo restante”, explicó García Botero.