El secretario del Interior del departamento Jorge Andrés Buitrago Moncaleano lideró la mesa de trabajo interinstitucional sobre los programas de restitución de tierras en el Quindío, actividad que fue organizada por las organizaciones campesinas, desmovilizados, desplazados y víctimas del conflicto armado.

Las entidades participantes coincidieron en la necesidad de convocar un cabildo abierto como medida para encontrar una solución a los problemas que presentan la titulación y entrega de tierras en el departamento en el marco del la Ley 902 de 2017.

El titular de la cartera de Interior en compañía del secretario encargado de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente Andrés Yara Sierra anunciaron el apoyo del gobierno seccional a este mecanismo para destrabar estos procesos de restitución de predios a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, ANT. En el acta de la mesa de trabajo, se dejó constancia de la no asistencia de representantes de la ANT, que fue convocada como entidad nacional responsable.

El procurador para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras Diego Trujillo Marín informó que desde la entidad se viene haciendo seguimiento a las dificultades y omisiones que se han presentando en el proceso. Dijo que es clara la difícil situación que presentan familias campesinas en su mayoría adultos mayores, que se acogieron a estos programas y no cuentan con soluciones en el corto plazo por causa de la negativa de la ANT por responder oportunamente.

El procurador Fernando Carrillo Flórez expidió la Directiva 007 del 11 de junio de 2018 donde se establecen los lineamientos para el reconocimiento, prevención, promoción y defensa de los derechos del campesinado, garantizando además el principio constitucional de igualdad, del desarrollo social, económico y el acceso progresivo a la propiedad de la tierra.

Señaló que esta directiva se convierte en una herramienta para la garantía de derechos de la probación en especial de este sector de la población. El alto funcionario destacó los buenos oficios del gobierno seccional en favor de concertar espacios y articular acciones con los órganos de control.

Por su parte, la defensora del Pueblo Luisa Fernanda León Betancourth señaló que su despacho viene haciendo seguimiento al proceso de los predios Pisamal, La Cauchera y Santa Clara. “Después de dos años de firmados los acuerdos de La Habana, ya es hora que el gobierno Nacional se ponga al día con los procesos de restitución de tierras en el departamento”.

Javier Alberto Soto Salazar vocero de las distintas organizaciones campesinas participantes agradeció a las entidades que atendieron la actividad. Señaló que existe molestia con la ANT por la falta de gestión y avance en la resolución de los problemas que afectan la calidad de vida de las familias que fueron beneficiarias de estas iniciativas de entrega de tierras, financiación de proyectos productivos y programas de vivienda rural.