La secretaria de Familia del Quindío María del Carmen Aguirre Botero señaló que a pesar de los recursos anunciados por el gobierno nacional no existe directriz del orden central para afrontar los problemas de salud, educación y trabajo de las familias venezolanas que llegan a las regiones por las difíciles condiciones económicas y políticas que los obliga a migrar en busca de mejores oportunidades.

La titular de la cartera de Familia explicó que se han seguido los protocolos y las rutas de atención, gracias a la articulación entre las entidades seccionales en favor de garantizar los derechos fundamentales de la población migrante. Durante el debate sobre los problemas que enfrentan la comunidad venezolana residente en el Quindío organizado por la Honorable Asamblea departamental, la funcionaria afirmó que en las actividades realizadas han participado las secretarías de Salud, Familia, Interior y Educación del gobierno seccional, el ICBF, Migración Colombia y las autoridades locales.

“Dentro de los problemas que viven las familias venezolanas que migran al Quindío, está la atención en salud en especial para la población infantil, documentos para tránsito y permanencia en el país, educación y empleo” precisó.

La funcionaria señaló que en el Quindío se generó un Consejo de Migración que ha permitido consolidar información en cuanto a la atención: “La secretaría de Salud del departamento realizó una atención en el año 2018 de 395 personas con un costo para el departamento de $459 millones de pesos, este año han sido atendidas 57 personas con una inversión cercana a los $63 millones de pesos, estas atenciones corresponden a urgencias primordiales, atención a mujeres en embarazo, población especial y menores de edad, adultos mayores, enfermedades catastróficas y pacientes con VIH”.

De igual manera el ICBF ha realizado el restablecimiento de derechos a 22 menores durante el 2018 y lo corrido del 2019. Migración Colombia ha otorgado durante este año 118 visas, 245 Permisos Especiales de Permanencia PEP y 4 permisos para laborar en territorio colombiano, de igual forma en el informe entregado por la entidad se establece que 387 venezolano han sido retornados a su país.

Por su parte el gobierno seccional ha realizado ferias empresariales y gastronómicas, ruedas de empleo con apoyo del SENA para la formación y la inclusión laboral: “Hemos construido unas rutas de atención con el fin de garantizar bienestar para las familias venezolanas”.

“El gobierno departamental no tiene recursos para atender la población venezolana, es una realidad nacional, no solo del Quindío. No existe una directriz del gobierno nacional, sabemos que se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso de la Republica, pero estamos a la espera para ampliar así la atención a estas familias venezolanas que tanto apoyo requieren en este momento”, puntualizó la secretaria de Familia.