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Gobernación del Quindío respalda de manera decidida la realización de la consulta popular en Córdoba

Gobernación del Quindío respalda de manera decidida la realización de la consulta popular en Córdoba La comisión de observación electoral de la consulta popular sobre la megaminería en Córdoba se reunió en el Centro Administrativo Departamental para realizar un seguimiento al proceso ejecutorio del fallo que el Tribunal Administrativo del Quindío dio el pasado mes de diciembre, en el que ordenó el traslado de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que esta jornada se pueda cumplir en el municipio cordillerano.

El encuentro, liderado por el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, y por el alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia Henao, contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría Departamental, la Policía, el Ejército, el CTI, delegados de diversas secretarías y con los voceros de la comunidad. Allí, la Registraduría expuso los oficios enviados al Ministerio de Hacienda en los que solicita el traslado de los recursos para poder desarrollar la jornada, lo que aún no acata dicha cartera.

Debido a esto, todos los integrantes de la comisión, con el apoyo de la Gobernación del Quindío hacen un llamado al Ministerio para que traslade los recursos lo antes posible y se pueda realizar la consulta el próximo 21 de enero, fecha que se planteó en la penúltima comisión hecha en diciembre, y que fijó por decreto el alcalde de Córdoba. “Todos los miembros, al unísono, respaldamos de forma incondicional como lo ha hecho el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a Córdoba, al proceso de consulta y al derecho que tienen los ciudadanos de decidir qué es lo mejor para su municipio”, manifestó el secretario del Interior.

Orlando Osman Méndez, gerente de la campaña de la consulta popular en Córdoba, expresó: “Es muy importante para nosotros el apoyo de la Gobernación y de todos los entes, porque nos muestra que la institucionalidad está a favor de los mecanismos de participación ciudadana y aprueba que se le pregunte a la comunidad sobre los proyectos que afecten su economía, su historia o su cultura. Vemos que la institucionalidad está de acuerdo con que el pueblo cordobés tome su decisión frente al futuro que quiere”.

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